Seguridad y Salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.

El Real Decreto-ley 16/2022, armonizaba las condiciones laborales y de Seguridad Social de las personas de las personas trabajadoras del hogar con las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena. Reconocía su derecho a la protección en seguridad y salud en el trabajo.

El RD 893/2024 ahora publicado, desarrolla las normas para determinar las obligaciones preventivas y asegurar una adecuada evaluación de riesgos laborales para las personas empleadas del hogar.

 

Objeto y finalidad del Real Decreto

Tiene como objeto regular la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras en el ámbito del servicio del hogar familiar.

Se reconoce el derecho de las personas trabajadoras del hogar familiar a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo que tienen derechos de información, formación, participación, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. Esto implica que las personas empleadoras tienen el deber de proteger a sus personas trabajadoras frente a los riesgos laborales.

El coste de las medidas de seguridad y salud no debe recaer sobre las personas trabajadoras.

 

Evaluación de riesgos y adopción de medidas preventivas

La persona empleadora debe realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras del hogar familiar, teniendo en cuenta las características de la actividad y de las personas empleadas.

Esta evaluación debe actualizarse periódicamente y cuando haya cambios o daños.

Si de la evaluación se identifican riesgos, la persona empleadora debe adoptar medidas preventivas para eliminarlos o reducirlos, documentarlas por escrito y entregar una copia a la persona trabajadora. Las medidas deben modificarse si se consideran inadecuadas.

 

Equipos de trabajo y equipos de protección individual

La persona empleadora debe:

  • Proporcionar equipos de trabajo adecuados y seguros de forma gratuita.
  • Reponer los equipos cuando resulte necesario.
  • Adoptar las medidas necesarias para su utilización para su utilización de forma segura, velando por su efectivo uso.

Información, participación y formación

La persona empleadora debe proporcionar a las personas trabajadoras del hogar familiar toda la información necesaria:

  1. sobre los riesgos para su seguridad y salud,
  2. las medidas de protección y prevención aplicables.

Las personas trabajadoras tienen derecho a recibir formación preventiva al ser contratadas. Dicha formación será única, aunque presten servicios por cuenta de varias personas empleadoras.

La formación se realizará a través de la Plataforma Formativa prevista y se realizará dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, fuera de ella y compensándolo con tiempo de descanso equivalente.

Las actividades de formación en materia preventiva se llevarán a cabo a través de una plataforma formativa gestionada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Estas actividades, excepto aquellas relacionadas con riesgos excepcionales, deben incluir un proceso de autoevaluación y ser certificables. Los términos específicos para estas actividades deberán emitirse en un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta norma.

 

Situaciones de riesgo grave e inminente

En caso de riesgo grave e inminente, la persona empleadora debe:

  • informar rápidamente a las personas trabajadoras del hogar familiar sobre el riesgo
  • adoptar medidas de protección.

Las personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el domicilio si es necesario, sin exigirles que reanuden su trabajo mientras persista el peligro.

 

Organización de la actividad preventiva

La persona empleadora tiene la responsabilidad de gestionar la prevención de riesgos laborales en el hogar familiar y puedo hacerlo:

  1. asumiendo personalmente esta tarea (si tiene capacidad para gestionar la herramienta gratuita de evaluación de riesgos que el INSST en el plazo de diez meses elaborará y pondrá a disposición en el web del Ministerio),
  2. designando a una o varias personas para que se encarguen de ello,
  3. contratando a un servicio de prevención externo.

En el plazo máximo de año, el INSST debe elaborar una guía técnica para la prevención de riesgos laborales en el servicio del hogar familiar.

 

Vigilancia de la salud (reconocimiento médico)

Las personas trabajadoras del hogar familiar tienen derecho a la vigilancia de su salud, que será responsabilidad de la persona empleadora (sólo con consentimiento de la persona trabajadora y respetando su intimidad).

La vigilancia puede incluir un reconocimiento médico adecuado y voluntario, que tenga en cuenta todos los riesgos identificados en la evaluación de riesgos, podrá ser único por cada persona trabajadora, aun cuando preste servicio para varias personas empleadoras. Debe realizarse al menos cada 3 años, salvo que se determine una periodicidad menor.

El Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de los reconocimientos médicos gratuitos, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

 

Prevención de la violencia y acoso en el empleo doméstico

Las personas trabajadoras del hogar familiar tienen derecho a la protección contra la violencia y el acoso, incluyendo el acoso sexual y por motivos de raza, nacionalidad, sexo, identidad u orientación sexual. Si una persona trabajadora abandona el domicilio debido a violencia o acoso, esto no se considerará dimisión ni causa de despido, sin perjuicio de la posibilidad de la persona trabajadora de solicitar la extinción del contrato.

El INSST, en el plazo de un año elaborará un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar.

 

No se aplicará a las personas trabajadoras del hogar familiar el recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

 

Entrada en vigor:

12 de septiembre de 2024, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes:

  • Las obligaciones previstas no resultarán exigibles hasta transcurridos 6 meses desde la puesta a disposición de la herramienta informática gratuita de evaluación de riesgos, incluso cuando la persona empleadora concierte dicho servicio con un servicio de prevención ajeno.
  • Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la formación a las personas trabajadoras será de aplicación a partir del momento en el que se dicte la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal para la puesta en marcha de las actividades de formación en materia preventiva.
  • De igual manera, una vez transcurrido el plazo, los reconocimientos médicos serán exigibles solo cuando se desarrollen las previsiones normativas relativas a la realización de reconocimientos médicos en el marco del Sistema Nacional de Salud.